Más de 20 entidades representantes de la sociedad civil organizan una performance reivindicativa ante la Generalitat para exigir al gobierno que no baje la guardia en los objetivos de la nueva ley catalana de residuos

Las entidades denuncian que el modelo de producción y consumo actual aboca a la ciudadanía a asumir, de forma injusta y desmedida, sus costes económicos y sus impactos sobre la salud humana y del medio ambiente. Reivindican una ley que combata este modelo que se apoya al hacer desaparecer los recursos naturales y que utiliza productos tóxicos.
Las organizaciones advierten al gobierno de que sean conscientes de la oportunidad de mejora que tenemos como sociedad con la futura ley catalana de residuos. Dicen que no están dispuestos a que, en el proceso de consulta pública que empezará este verano, se debiliten las expectativas.
Piden medidas concretas que se sujetan en cinco objetivos prioritarios que marcan el camino hacia un cambio de modelo: la reducción de residuos como prioridad máxima, los productos libres de tóxicos, una economía de la reutilización, que quien contamine pague y máxima transparencia y rigurosidad con los datos.

Hoy ante la Generalitat de Cataluña más de 20 entidades representantes del mundo ambiental, sindicalista, de los derechos de las personas y de la lucha por la integración social y ambiental, han ejecutado una performace reivindicativa para pedir al gobierno máximo compromiso y ambición en la nueva ley de residuos. Y han querido hacerlo ahora porque, antes de acabar el verano, el proyecto de ley entra en la fase de consulta pública donde todos los sectores harán sus aportaciones y es cuando el gobierno puede demostrar su convicción.

Tres esferas de unos dos metros de diámetro han representado en esta performance el peso y la asfixia que asumimos la ciudadanía por culpa del actual modelo de producción y consumo. Una de las esferas significaba las enfermedades derivadas de la toxicidad presente en los productos que consumimos diariamente y la contaminación de la mala praxis en la gestión de los residuos. La segunda esfera representaba los costes económicos que asumimos injustamente la ciudadanía debido a que los fabricantes no se ocupan de los costes y lo externalizan mediante el gasto público. Y la tercera, representaba los costes ambientales que supone un modelo sujeto a la cultura del usar y lanzar que nos está hipotecando el futuro.

Las entidades han advertido al gobierno de que no baje la guardia ante las oportunidades de mejora que nos brinda la futura ley de residuos. Las organizaciones insistieron en las medidas que prioricen la salud de las personas y el medio ambiente, una economía sostenible y resiliente y una gestión de los recursos basada en la prevención de residuos y la durabilidad de los productos.

Rosa García, Directora de Rezero: “Exigimos que la futura ley de residuos sea realmente transformadora y que dé la vuelta al actual modelo de producción y consumo sujeto al usar y tirar, que asfixia a la ciudadanía. Por eso, interpelamos a todo el gobierno, porque la futura ley debe incorporar, no sólo aspectos medioambientales, sino también de salud, consumo, economía, equidad y empresa”.

Llorenç Serrano, Responsable de Transiciones Justas de CCOO de Cataluña: “Es necesario un cambio radical en cómo nos planteamos el uso de materias primas, desde el inicio de la producción de bienes y servicios. Tirar no es una opción y es necesario diseñar todos los procesos de acuerdo con esto. Hacerlo es una oportunidad para generar más empleo, de mayor calidad y más saludable. Para aprovechar esa oportunidad necesitamos medidas y normas ambiciosas”.

Miquel Vidal de la Fundación Formació i Treball: “La gestión correcta de los recursos pasa por incorporar la creación de puestos de trabajo dignos donde los flujos de recuperación, reutilización, reciclaje incorporen en todo su proceso de puestos de trabajo estables, poniendo a la persona en el centro del modelo circular. Instamos a las autoridades públicas a implementar el uso de cláusulas sociales y circulares combinadas en los procedimientos de licitación para salvaguardar y seguir desarrollando empresas sociales”.

La acción interpela a todo el gobierno para que sea una ley transformadora y transversal. La Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, en nombre del gobierno ha recibido a las entidades y les ha anunciado que intentará estar a la altura de las expectativas.

 

 

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